Y dicen que no hay caso ya

Ya lo dijo la Matus cuando comenzaban los 90 en su investigación El libro negro de la justicia chilena. El poder Judicial en Chile está podrido desde sus cimientos, pues no solo son negligentes en sus labores cotidianas, ya que sus abusos de poder son cada vez más frecuentes y notorios, sino que además persiguen y denigran a los pocos entre ellos que pueden llamarse Jueces, simplemente porque se dedican a realizar su trabajo de manera íntegra y consciente.

Valiente mujer y una de las pocas profesionales de las comunicaciones que puede llamarse periodista y no como la mayoría que son simples relacionadores públicos de los poderosos. Sin embargo, al igual que todos aquellos que se atrevieron en el pasado a decir la verdad, fue tratada como delincuente tal y como le pasó a pancho Bilbao cuando publicó de la sociabilidad chilena. El pago de $hile, le dicen.

Positivistas de corazón

En este país los jueces de todos los rangos, colores y sabores deben basar sus sentencias judiciales enteramente en la ley. En otras palabras, los chicos fallan en derecho y no en equidad, justicia o tincada. Sencillamente, deben apegarse a la ley, a su letra ojalá y, si no se puede, al menos a su espíritu. Sea lo que sea que signifique eso.

En ese sentido, un principio legal establece que en derecho privado, es decir, en los contratos, por ejemplo, lo que no está expresamente prohibido, se entiende que está permitido hacerlo. En cambio, en derecho público, o sea, el actuar de los órganos del estado, se dice que lo que no está permitido, simplemente está prohibido.

Esto quiere decir más o menos que los actos del Estado, las competencias, facultades, investiduras y demases atados y parafernalias que sus representantes pueden y/o deben hacer están claramente establecidas en la ley. En chileno: no se pueden arrancar con los tarros y hacer lo que les parece mejor o adecuado o qué se yo si las normas no les dan permiso.

La mayoría, sino todos los jueces que integran las cortes de apelaciones, hacen clases en las distintas escuelas de derecho a lo largo del país. En cada una de ellas, sus discursos son más o menos los mismos con toda esa verborrea acerca del Estado de Derecho o el Principio de Legalidad constitucional y lo fundamentales que son para nuestra institucionalidad.

Del dicho al hecho

En las aulas donde se forma a nuestros jueces, juristas y abogados, pueden escucharse las voces de magistrados como la señora Dobra Lusic quien es titular en la Universidad Central de la cátedra de Derecho Penal, refiriéndose con propiedad, me imagino, a los principios que sustentan nuestro ordenamiento jurídico como inquebrantables, casi sagrados. Dice su currículum que siempre ha tenido notas sobresalientes y una conducta ejemplar... me pregunto cuáles son los parámetros utilizados para establecer aquello...

Esto viene a colación, porque esta misma magistrada pasa a llevar todas las normas de competencia y facultades en las cuales se basa el orden jurídico que sostiene al Estado de Derecho, cuando convoca (sin tener las facultades para ello) al pleno de la corte de apelaciones, el cual, primero, de oficio, conoce y anula un fallo emitido por un inferior jerárquico, lo que claramente es contrario a la ley, pues la misma les confiere a dichos magistrados la oportunidad de conocer de las causas falladas solo en lo que se conoce como el recurso de apelación.

Y segundo, saca de sus funciones al juez díscolo mientras se lleva a cabo un sumario, lo que ya sabemos también es contra la ley, pues el señor Urrutia, está investido con fuero en su calidad de representante gremial, lo que impide su destinación arbitraria.

Acá el debido proceso o el apego a las normas procesales e incluso constitucionales son meros principios doctrinarios no obligatorios, pero cuando la abogada del señor Urrutia, presenta una picante querella que adolece de los mínimos estándares de forma, el juez de garantía ni pestañea para declararla no admisible por no determinar, claramente, el daño recibido por su cliente... quedé sin palabras frente a esta tremenda muestra de hipocresía y doble moral a la que ya nos tienen acostumbrados estos tribunales de injusticia.

El factor Urrutia

Seré yo el único que ve en el actuar de los magistrados de la corte de apelaciones acciones inconstitucionales, pues en su artículo 7, por ejemplo, señala que ninguna autoridad, bajo ningún pretexto, puede atribuirse facultades que por ley no le han sido conferidas y que si hacen eso, sus actos son NULOS. Ergo, de ahí para abajo, todas las acciones llevadas a cabo por estos señoritos no tienen la más mínima validez. 

Esto significa que el acto de la intachable magistrada Lusic fue abiertamente contrario a lo que dice la constitución. Lo que no me explico es la ignorancia e inocencia de los otros magistrados que primero se reunieron y luego, a sabiendas, cometieron actos administrativos absolutamente ilegales, sencillamente porque no les gustó la interpretación, totalmente ajustada a derecho, dicho sea de paso, del juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, cuando permutó la prisión preventiva por arresto domiciliario total para 13 personas detenidas durante el estallido social.

Creo que les ardió el pequeñín porque este juez vola'o utilizó una medida cautelar solo reservada para los miembros de la aristocracia criolla en unos picantes e insignificantes hijos de don nadie, o sea, personas comunes que para más remate, estaban alterando el orden público sin razón alguna.

Este juez es peligroso porque tuvo la osadía de aplicar el artículo 1 de la Constitución al pie de la letra, porque sin miedo aplica la ley y sus principios tal y como en las aulas los cínicos profesores las pasan, a sabiendas que la realidad es otra cosa, mariposa... Este señor administra justicia con los mismos elementos que todos tienen, pero que casi ninguno utiliza en el mismo espíritu escatológico que en su momento recibieron... Este señor es peligroso para el poder judicial porque hace su trabajo de manera íntegra y dedicada, aplicando con impecable criterio jurídico lo que tanto les gusta, la misma ley que sus superiores pasan por alto cuando las cosas no son como les gustan...

En los tribunales aman los procesos, las instancias, las formalidades, pero solo las exigen a quienes carecen de pedigrí o la alcurnia necesaria para que la ley no sea obligatoria... Su actuar no solo fue prevaricador, sino que además administrativamente nulo y por una mala presentación en la querella criminal y una nula cobertura de los medios tradicionales de comunicación, la cuestión una vez más quedará en el olvido, y el señor Urrutia desempleado y vilipendiado. Espero que no...

Actualización:

Aunque dicen que las segundas partes no son buenas de todos modos me arriesgué. Pueden saber qué pasó con Urrutia y su querella por prevaricación en: Será por su sinvergüenzura verde... esto siempre así será.